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8 sept 2015.- Los reclamos al Gobierno Federal por el caso Ayotzinapa renacieron tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual echó por tierra las explicaciones oficiales, en especial la “verdad histórica” según la cual los normalistas desaparecidos habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Esto último, dijo el GIEI, es “científicamente imposible”.
De inmediato, las familias de los desaparecidos y organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron en desempeño de las instancias gubernamentales. En respuesta, varios medios de comunicación de cobertura nacional se apresuraron a cobijar al Gobierno Federal, actitud lamentable que justifica una serie de irregularidades cometidas por las autoridades, como la distorsión de hechos, la fabricación de pruebas, el encubrimiento, el engaño a toda la sociedad (no sólo a las familias de los desaparecidos). En resumen, alienta que prevalezca la impunidad y la injusticia.
Incluso en redes sociales se ha pretendido colocar a la impunidad como un estado superior del perdón, como si eso nos alejara del brutal “ojo por ojo”. Y con diversos argumentos se respalda la propuesta presidencial de “dar vuelta la página” en el caso Ayotzinapa, de “superarlo”.
Sin embargo, el crimen debe ser castigado. Eso no debe ser negociable. Lo que sí necesita discutir el conjunto de la sociedad es cuál es el sentido del castigo.
“Nadie castiga a un hombre malo sólo porque ha sido malo, a no ser que se trate de alguna bestia feroz que castigue para saciar su crueldad. Pero el que castiga con razón, castiga, no por las faltas pasadas, porque ya no es posible que lo que ya ha sucedido deje de suceder, sino por las faltas que puedan sobrevenir, para que el culpable no reincida y sirva de ejemplo a los demás su castigo […] Sólo se castiga respecto al porvenir”.
Esta lucidez data de hace más de dos mil años. Corresponde a Protágoras (citado en los Diálogos de Platón) y da luz a esta necesaria discusión. Los medios podrían ser impulsores de este debate, en vez de promover la desactivación de la polémica.
El informe citado del GIEI establece puntos críticos que exigen investigación y sanciones a muy diversos niveles. Sólo por mencionar tres de ellas:
1.Examinar todos los posibles destinos de los normalistas, así como el probable uso de crematorios en entidades públicas y privadas de Iguala y Cocula.
Por un lado, abrir más líneas de investigación, empezando por considerar la posibilidad de que aún estén con vida. Por otro lado, y al ser imposible la cremación en el basurero de Cocula, la PGR tendría que explicar de dónde sacó realmente las cenizas cuyo ADN pertenecía a Alexander Mora, identificado en el laboratorio de Innsbruck. (Prácticamente está desechada la historia de que las encontraron en un río.)
2.Indagar la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes. Toda la información oficial consultada por el GIEI revela que el ataque a los estudiantes y su desaparición fue una acción concertada entre policías municipales, estatales, federales y militares.
(Quien tenga memoria del último año recordará declaraciones oficiales que negaban en forma tajante la participación de las policías estatal y federal, así como del ejército.)
3.Investigar como posible móvil del ataque el traslado de estupefacientes en un autobús. Esta posibilidad deriva de la desaparición en registros oficiales y físicamente de un quinto autobús secuestrado por los estudiantes, así como de la determinación policiaco-militar de no permitir -a sangre y fuego- que algún autobús saliera de Iguala.
Cabe recordar que fue a causa de la enorme presión social en México y el extranjero que el gobierno mexicano, hundido en un profundo descrédito, pidió la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta propuso la conformación del grupo de expertos que esté domingo presentó su informe.
Ayotzinapa ha sido un parteaguas porque conjuntó las condiciones de violencia, complicidad, corrupción e impunidad cuya densa trama asfixia a la sociedad mexicana. Las versiones oficiales que buscaban acotar y dar por cerrado el caso terminaron por confirmar esa urdimbre que se repite en múltiples casos, pero que Ayotzinapa hizo visible.
Tras el informe del GIEI, las autoridades federales anunciaron su disposición a atender las conclusiones de este grupo de expertos, sin embargo ¿qué ocurre con los más de once meses en que han hecho declaraciones falsas, han desvirtuado la información y han ocultado evidencias relevantes?
Esos ilícitos también deben ser castigados. Es un primer paso para reencauzar la investigación de delitos y mantenerlos dentro de los márgenes de la ley, para evitar la repetición del engaño y la complicidad. En ese proceso, los medios podrían jugar un papel clave.
Si erradicamos la idea de venganza y exigimos que se castigue “respecto al porvenir”, podremos comenzar a discutir como sociedad cuál es ese porvenir que deseamos y merecemos.
[ Gerardo Moncada ]
