Resulta infundado el optimismo del BID por la incursión de los gobernantes en las redes sociales, al menos en México.
17 jun 2015.- La mayoría de los gobiernos municipales de América Latina ya consideran las redes sociales como un recurso obligado de comunicación hacia la población. Así lo afirma el “Estudio del Perfil de los Gobernantes Latinoamericanos en Redes Sociales”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En especial, el BID destaca con entusiasmo que estas dependencias establecen estructuras formales (puestos, áreas de oficina) para el manejo de sus cuentas y para el envío de mensajes oficiales.
Este optimismo del BID resulta tan abstracto que puede insertarse en la corriente del tecnofanatismo, esa tendencia que suele elogiar las potencialidades de cada avance tecnológico sin considerar cómo será utilizado, por quién y con qué propósitos.
Lo cierto es que, en México, los «gobernautas» han incursionado en las redes sociales con propósitos más defensivos que de socialización.
Hace apenas tres años, varios mercadólogos y encuestólogos afirmaban que lo que ocurría en las redes sociales se quedaba ahí, no trascendía hacia la vida real. En mayo de 2012, Joaquín López Dóriga preguntó en su noticiario nocturno qué tanto podrían incidir en las elecciones presidenciales las severas críticas en redes sociales al entonces candidato Peña Nieto. La respuesta de Roy Campos (de Consulta Mitofsky) fue categórica: “será marginal”. Aseguró que lo dicho en redes sociales no trascendía el ámbito virtual.
Hoy sabemos que, en ese mismo momento, la maquinaria partidista ya estaba echando mano de múltiples recursos para evitar la derrota electoral, al observar que la opinión en redes sociales y el sentir del movimiento YoSoy132 estaba permeando entre gran parte de los votantes.
Ese episodio evidenció la fuerza (y el potencial) de las redes sociales. De inmediato, todos los niveles de gobierno iniciaron acciones para ganar presencia virtual, pero también para manipular ese ámbito, restringirlo, acosar a usuarios, perseguirlos, entorpecer vínculos, bloquear temas críticos, vanalizar, saturar, intimidar, amenazar… Es decir, llevaron a las redes sociales todas la prácticas que suelen emplear en la vida real cuando se trata de ejercer el poder, y conservarlo.
También comenzaron a saturar las redes con mensajes propagandísticos, en muchos casos para maquillar la deficiencia (o ausencia) de las acciones de gobierno. Otro aspecto fue la compra de simpatizantes y seguidores.
Manipular la popularidad, en vez de socializar
Inflar las cuentas de Twitter con seguidores falsos era una práctica seguida por miembros de la farándula, le siguieron algunos comunicadores y luego vinieron los políticos. Se estima que todos recurren a un mismo tipo de proveedor: las agencias de publicidad y relaciones públicas.
La revista Forbes enlistó el 11 de mayo pasado a los gobernadores mexicanos con altos porcentajes de seguidores falsos. Destacaban los casos de los mandatarios de Hidalgo (Francisco Olvera), DF (Miguel Ángel Mancera), Zacatecas (Miguel Alonso), Nayarit (Roberto Sandoval), Tabasco (Arturo Núñez), Estado de México (Eruviel Ávila), Guerrero (Rogelio Ortega) y Michoacán (Salvador Jara). Todos ellos tenían más de 50% de seguidores falsos; los dos primeros superaban el 70%. Sólo dos gobernadores (Yucatán y San Luis Potosí) tenían 80% y 81% de seguidores reales, respectivamente, los más altos.
Se trataba -retomando el entusiasmo del BID- de gobernantes que habían creado estructuras formales para actuar en las redes sociales… en beneficio de su persona o su facción política.
En el mismo sentido va el caso del presidente Enrique Peña Nieto, quien fue señalado en el reporte Twiplomacy, elaborado por la publirrelacionista Burson-Marsteller, como el mandatario “más popular” en Latinoamérica, en función del volumen de seguidores. Sin embargo, el 71% de las cuentas que seguían al presidente mexicano eran falsas, según la herramienta TwitterAudit. [En los últimos meses han intentado reparar su cuenta, pero no es algo que se resuelve de inmediato sin evidenciar una caída drástica en el número de seguidores. Todavía arrastra un 55% de seguidores falsos.]
Aquí, nuevamente, hay una decisión institucional: la oficina de Presidencia creó una Coordinación de Estrategia Digital Nacional.
Sin trivializar la manipulación, el engaño o la demagogia, resultan aún más graves los actos de tecnocensura que se han practicado en momentos críticos, por sus nocivos impactos sociales y su alto costo. [Ver: Exigen que Twitter elimine la tecnocensura.] Todo indica que las citadas «estructuras formales» han jugado un papel central en estos actos de ciber-represión.
El BID ya debería saber que lo institucional y administrativo no se traduce de manera automática en política pública. En México, la incursión de políticos y gobernantes en las redes sociales genera, hasta el momento, más recelo que entusiasmo público.
[Gerardo Moncada]
