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11 ago 2015.- Es inocultable la escalada de agresiones contra los periodistas, con una abierta participación de las instituciones de gobierno. Es tan evidente que, al iniciar 2015, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras alertaba: «México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los medios de comunicación. En 2014 se distinguió por ser el más mortífero de América […] La colusión de ciertas autoridades políticas y administrativas con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia a todos los niveles en el país».
La responsable para América de esta organización, Claire San Filippo, pedía un cambio en la conducta del gobierno mexicano: «Es alarmante la multiplicación a un ritmo exponencial de los ataques contra los actores de la información a inicios de 2015. ¿Qué hace el Estado mexicano? ¿Continuará mirando hacia otro lado mientras que los medios de comunicación se ven obligados a dejar de cubrir las noticias sobre la violencia, el narcotráfico o la corrupción y que los periodistas optan por el exilio? Las autoridades mexicanas deben imperativamente acabar con la impunidad casi total, que genera miedo y autocensura. Basta de inacción y de complicidad”. [Ver: Negro inicio de año para México.]
Es cierto que el gobierno ha creado dependencias, cargos, leyes, reglamentos, normas, disposiciones y programas para atender los ataques a periodistas. Y se ha dicho que es uno de los sistemas más robustos de protección en el mundo, pero el enfoque burocratizado le ha conferido una efectividad nula.
Una muestra es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Surgió en 2010. Al concluir 2013 arrastraba 66 averiguaciones sin resolver; al terminar 2014 el número era de 121 averiguaciones pendientes. El tema de los recursos no sería una excusa, pues su presupuesto anual creció 1,200%, al pasar de 3 millones de pesos en 2012 a 39 millones en 2014.
Frente a la inoperancia burocrática, las agresiones se multiplican, con un lamentable desempeño en las instituciones gubernamentales que va de una escandalosa banalización al momento de aplicar la justicia hasta la descalificación profesional o la criminalización de los afectados, comportamientos que se traducen en una garantía de impunidad para los agresores.
Así quedó evidenciado en los pocos casos en que se logró detener a los atacantes. En Guanajuato, el juez liberó a los golpeadores de Karla Silva Guerrero tras pagar una fianza de $2 mil 599 pesos y decidió no investigar a las autoridades que ordenaron el ataque (confesión de los detenidos). En Yucatán, el juez dejó en libertad a los policías municipales que golpearon a Edwin Canché tras pagar una fianza de $8 mil pesos. [Ver: Grave reporte de Articule 19.]
El desempeño de las procuradurías también ha sido desastroso, al descalificar de entrada la profesión o la honorabilidad de los agredidos para descartar líneas de investigación cruciales. En una de las primeras declaraciones en torno al violento asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte, la Procuraduría del DF afirmó que la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa no tenía relación con su profesión, pues se encontraba desempleado (a pesar de haber huido de Veracruz por amenazas del gobierno estatal). En Veracruz, tras la muerte de Moisés Sánchez, la Procuraduría estatal afirmó que no era periodista, que era taxista. Esta práctica se ha aplicado a casi todos los periodistas independientes que han sido agredidos.
Ahora, esa descalificación se ha convertido en ley en Quintana Roo, la segunda entidad con el mayor número de agresiones a la prensa. La ley recién aprobada que presuntamente busca “la protección” de periodistas, sólo reconoce como tales a los que realizan esta labor de manera “permanente con remuneración”. Una definición más orientada al control que a la salvaguarda.
Esta pretensión equivale a descalificar profesionalmente al médico particular, al músico que da clases, al maestro que ejerce la docencia a domicilio, al abogado y tantas otras profesiones que se desempeñan al margen de nóminas empresariales o gubernamentales.
Como las instituciones mexicanas no han cumplido el precepto “prevenir y proteger” a los periodistas y las tasas de agresiones han generado un escándalo internacional, parece que una estrategia será reducir las cifras asegurando que una gran proporción de los afectados o muertos “no son periodistas”, bajo criterios sesgados y unilaterales. Sería una vía perversa en búsqueda dos resultados: manipular las cifras de agresiones e invisibilizar a los periodistas independientes.
[ Gerardo Moncada ]
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