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10 nov 2015.- El anuncio de la firma del Acuerdo Transpacífico (TPP) encendió las alarmas en varios sectores de la sociedad mexicana, especialmente entre las organizaciones civiles que promueven la justicia social y económica para el sector campesino, el comercio justo de sus cultivos, la producción libre de agroquímicos y el rechazo a los transgénicos. De una manera clara, vislumbran que la puesta en vigor de este acuerdo afectará esos rubros, cruciales para la soberanía alimentaria, la producción de alimentos sanos, la creación de cadenas de comercialización que realmente favorezcan a los productores, la promoción de condiciones de equidad social y económica en el campo, y el cuidado del medio ambiente.
Una referencia obligada es el TLC, por la amarga experiencia que dejó para este sector, a pesar de los múltiples beneficios que se prometían. Algunos datos fueron demoledores. Por ejemplo, a dos años de haber entrado en vigor ese acuerdo, la dependencia de las importaciones en granos y oleaginosas había subido a 43% del consumo nacional. Si bien las cifras de comercio crecían, los grandes ganadores eran las corporaciones comercializadoras, como Cargill, mientras los precios al consumidor mantenían su escalada ascendente. Un ejemplo fue el precio de la tortilla, que subió 300% a pesar de que a los productores de maíz les pagaban 70% menos por su cultivo.
El 75% de los trabajadores del campo siguió percibiendo en promedio $2 dólares al día (datos del Banco Mundial), y la expulsión de campesinos ascendió a 400 mil al año, es decir, más de mil al día, según cifras del Consejo Nacional de Población.
La bandera de la “libre competencia” tenía un severo problema. A pesar del TLC, el Departamento de Agricultura de EUA otorgaba subsidios a los granjeros estadounidenses por $9 mil 200 millones de dólares al año, gran parte de ellos a fondo perdido. Esto representaba -sólo en apoyos- diez veces el presupuesto mexicano para la agricultura. Esta condición permitía ofrecer cosechas a un precio inferior a su costo real de producción. Es el famoso precio “dumping” que revienta las economías de otros países, incapaces de competir con productos «estratégicamente» abaratados.
Con acuerdos como el TLC, las corporaciones comercializadoras de estos productos son las grandes beneficiadas. Es por eso que de manera constante realizan un intenso cabildeo para incidir en las políticas agrícolas de muchos países, fijar cuotas de importación y fomentar tratados comerciales.
Con el TPP, los cuestionamientos básicos han sido la opacidad de su negociación, además de que no se sometiera a consulta pública antes de ser firmado y que no se hayan realizado estudios independientes sobre la magnitud de sus impactos, a la luz de la experiencia vivida con el TLC.
El contenido del tratado que se ha hecho público (faltan los acuerdos paralelos) ha sido duramente cuestionado por varias organizaciones civiles. Advierten que el TPP representa serias amenazas a las garantías constitucionales y los derechos humanos (capítulos de Inversiones, Propiedad Intelectual y de Medio Ambiente). Asimismo, establece el compromiso de los gobiernos firmantes a no regular su economía de acuerdo al interés público, sino en función de la “libre” competencia.
Las corporaciones podrían demandar en tribunales internacionales al gobierno que establezca regulaciones para proteger derechos humanos al agua, la salud, la educación, la protección del medio ambiente o la libertad de expresión, si considera que tales regulaciones afectan sus intereses empresariales, en el presente o incluso a futuro.
En cuanto a los alimentos, las organizaciones sociales advierten que no solamente habría una invasión de arroz y café robusta de Vietnam, lácteos y manzanas de Nueva Zelanda, trigo y cárnicos de Australia, entre otros. Existiría la prohibición de que los campesinos conservaran e intercambiaran semillas, como lo hacen desde la invención de la agricultura, lo cual sería el preámbulo para la introducción masiva de transgénicos.
En la Organización de Naciones Unidas y en Estados Unidos han surgido polémicas por la intención de colocar los términos del TPP por encima de los acuerdos internacionales y de los parlamentos y legislaturas nacionales.
La polémica no podrá ser evitada, y no cabrá el trillado argumento de que este tratado comercial abatirá el hambre.
Está ampliamente documentado que el problema del hambre en el mundo es por la comercialización y el acaparamiento, no por deficiencias productivas. Se estima que la producción diaria de alimentos alcanza para entregar a cada habitante del planeta una despensa de dos kilogramos con granos, frijol, nueces, carne, leche, huevos, frutas y vegetales. Que esto no ocurra es la base de las enormes ganancias de las corporaciones comercializadoras, que ahora buscan expandir su control.
[Gerardo Moncada]
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Se unen para impulsar la pequeña agricultura.
Video: El hambre no aguanta más (2003).