El 5 de junio de 2009 ocurrió un incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Murió casi un tercio de los 176 niñas y niños que ahí eran atendidos en condiciones inadecuadas. Es un ominoso ejemplo de lo que ocurre cuando la función social del Estado es transformada en un negocio.
El incendio de la Guardería ABC fue un episodio atroz de negligencia criminal que las autoridades de Sonora y el Gobierno Federal han intentado sepultar con una insistencia sólo comparable con la lucha que ha mantenido la sociedad civil en contra de la impunidad y el olvido.
La tragedia inició con un incendio en una bodega ocupada por el gobierno de Sonora, en la ciudad de Hermosillo. Esa bodega compartía el edificio con una guardería infantil financiada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La estancia resguardaba a 176 niños y niñas, y operaba con múltiples irregularidades que adquirieron dimensiones letales cuando el fuego se propagó. El incendio dejó un saldo de 49 bebés muertos y 106 heridos, varios de ellos con quemaduras graves, y… ningún culpable.
Ante la suma de omisiones que propiciaron la tragedia, así como la exoneración de 19 personas inicialmente responsabilizadas, varias organizaciones sociales y activistas han luchado en demanda de justicia y de condiciones que impidan que una tragedia de estas características vuelva a ocurrir.
Tras años de impunidad
El negocio infantil
Entre los servicios que el IMSS ofrece a sus afiliados está el de guarderías infantiles. En 2009, atendía a 223 mil niños y niñas, en todo el país, mediante 1 mil 634 guarderías, de las cuales 1 mil 500 eran “subrogadas”, es decir, la institución de salud pagaba a particulares para que instalaran las guarderías y las operaran. Tras el incendio de la Guardería ABC la documentación fue revisada y se descubrió que sólo 49.9% de esas guarderías tenía constancia de Protección Civil vigente; además, apenas 26.7% tenía el visto bueno de los bomberos locales. De hecho, únicamente 14 guarderías cumplían con la normatividad que, supuestamente, supervisaba con regularidad personal del Seguro Social.
Una inspección profesional habría señalado el alto riesgo que existía en la Guardería ABC, por la ausencia de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia, por haber colocado techo de poliestireno sobre las camas y los cuneros, porque no funcionaban las puertas abatibles, y por compartir el inmueble con una bodega construida con materiales inflamables.
Cuando ocurrió el incendio, los vecinos debieron rescatar a bebés de entre las llamas. En la desesperación, uno de ellos (Francisco López) dejó inservible su camioneta después de estrellarla una y otra vez contra los muros para crear las salidas de emergencia que los propietarios no habían considerado necesarias.
A pesar de la indignación colectiva, los propietarios de la guardería fueron exonerados: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Sandra Luca Téllez Nieves y Gildardo Francisco Urquidi. Se trataba de familiares de altos funcionarios del gobierno estatal, encabezado por Eduardo Bours, y de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente de México, Felipe Calderón.
Documental ABC Nunca más, de Pedro Ultreras
https://youtu.be/NtXrI-yan3g
Del negocio a la tragedia, ningún responsable
La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una investigación (sólo informativa) y encontró un desorden generalizado en la cesión de guarderías del IMSS a particulares y en la supervisión de esos espacios.
También fueron cesados varios funcionarios estatales y nacionales del Seguro Social, pero a ninguno se fincó alguna responsabilidad.
La presión de las familias de las víctimas y de organizaciones sociales logró que fuera modificada la Ley General para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que regula el funcionamiento de las guarderías a nivel nacional. La nueva ley fue publicada el 27 de octubre de 2011. Desafortunadamente, los congresos estatales mostraron escaso interés en armonizar su legislación local a fin de dar plena vigencia a la disposición conocida como “Ley 5 de Junio”. Hasta 2014, sólo Jalisco había hecho los ajustes necesarios y creado el reglamento correspondiente. Otras entidades mostraban avances pero no habían concluido el proceso: Sonora, Colima, Estado de México, Puebla, Baja California, DF y Tabasco. En Yucatán se efectuó una adecuación sumamente polémica que fue calificada por el Movimiento 5 de Junio como una tergiversación del objetivo de garantizar la protección de infantes.
Así, en casi todo el país prevalece la inseguridad para los bebés que son atendidos en guarderías financiadas por el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría e Desarrollo Social (Sedesol).
Sin alcanzar las dramáticas dimensiones de lo ocurrido en la Guardería ABC, se siguen presentando casos de negligencia, incompetencia profesional y muertes por asfixia en las guarderías. El IMSS no ha modificado sustancialmente sus procedimientos, prevalece el desorden en la subrogación de este servicio, las estancias siguen sin cumplir con todos los requisitos necesarios y ni siquiera existe un padrón confiable de guarderías.
En 2015, con motivo del sexto aniversario de la tragedia de la Guardería ABC, algunos medios destacaron los casos de niñas y niños que, tras ser rescatados de las llamas, crecieron y “superaron” el traumático episodio. Es natural, la vida sigue. Tanto los sobrevivientes como las familias de las víctimas han continuado con sus vidas, pero junto con activistas sociales no olvidan, exigen cambios que realmente garanticen la seguridad de las guarderías y repudian los intentos por cubrir con un manto de impunidad esta tragedia.
Más información:
Movimiento 5 de Junio
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez @CentroProdh
Con activistas como Daniel Gershenson @alconsumidor y Jesús Robles Maloof @roblesmaloof
Incendio de la Guardería ABC.
«No debió morir»: 6 años del incendio en la Guardería ABC.