ACTIVISTAS
26 mzo 2015.- Se ha dictado auto de formal libertad a Enedina Rosas Vélez, campesina encarcelada por no autorizar que sus tierras fueran usadas para las megaobras impulsadas por el gobernador poblano, Rafael Moreno Valle.
Enedina fue detenida en forma arbitraria el 7 de abril de 2014 y recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlixco, Puebla.
Era presidenta del comisariado ejidal de San Felipe Xonacayucan, en Atlixco, y su delito fue no firmar la autorización para que un gasoducto atravesara el ejido. Su negativa obedecía al acuerdo comunitario, adoptado en asamblea, de defender las tierras y rechazar esa obra por considerarla un riesgo para las familias de los ejidatarios. Enedina había sido electa para representar al ejido por su lealtad a la tierra.
El ejido de Xonacayucan, ubicado dentro de la zona de riesgo volcánico en las faldas del Popocatépetl, es una de las 2,061 propiedades que atraviesa el gasoducto, pieza fundamental del Plan Integral Morelos, megaproyecto impulsado por los gobernadores de Puebla y Morelos, el panista Rafael Moreno Valle y el perredista Graco Ramírez Abreu, respectivamente.
El juez de lo penal de Atlixco, Elmo Mayoral, emitió la orden de aprehensión contra Enedina bajo los cargos de “obstrucción a la construcción de obra pública” y el presunto robo de dos celulares, denunciado por José Alí Reyes Méndez, representante legal de la constructora española Bonatti SPA, quien ingresó al ejido el 7 de marzo de 2014 -sin la autorización de la comunidad- para realizar obras de excavación.
Otros dos líderes de comunidades de la región, Abraham Cordero Calderón (de San Francisco Tepeyecac) y el defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís, fueron acusados por el mismo cargo. Ninguno de los tres detenidos estuvo en el lugar de los hechos al momento del supuesto robo.
Su majestad, el megaproyecto
Entrevistada en la cárcel por el diario La Jornada, Enedina recordó que, desde 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno poblano venían hablando con los propietarios de los predios de los 12 municipios poblanos por donde cruzaría el gasoducto.
“Primero los licenciados de la CFE me fueron a tocar a la puerta. Querían que les firmara unos papeles, autorizando que hicieran sus obras en el ejido. Pero yo no tengo facultad para autorizar nada, por ley la asamblea ejidal tiene que aprobarlo.
“En varias reuniones, los ejidatarios y el resto del pueblo dijeron que no. ¿Y cómo cree que vamos a aceptar? ¿Quién quiere firmar para que el peligro entre a su propia casa? Ya se ha visto cómo los gasoductos revientan en otros lados. Peor en nuestro pueblo, que está en la zona de riesgo del volcán. ¿Y si viene la erupción? Vamos a volar todos”.
A la primera visita de las autoridades le siguieron muchas más. “Me dijeron muchas veces: por la buena o por la mala van a tener que firmar. Yo les respondía: cómo no, voy a hacer llegar su comentario a mis compañeros”.
En ocasiones la abordaban en la calle o camino a su terreno, donde sembraba maíz, frijol, cilantro, rábanos. “Una vez me llevaron a Casa Aguayo (la casa de gobierno poblano). Otras, a las oficinas de la Procuraduría Agraria. Y dale y dale con que firme el permiso. Se ponían majaderos”.
Enedina siempre refirió el acta de la asamblea ejidal, que resolvió no ceder los derechos a la CFE.
“Ellos, los licenciados, no piensan en la gente. No les interesan los niños. No comprenden a la gente mexicana. Solo ven por sus negociazos y creen que con dinero todo lo pueden conseguir. Y pues no, los pueblos no siempre están de acuerdo”.
Criminalizar a los opositores
La alianza de los poderes político y económico explica la escalada represiva contra los campesinos opositores al gasoducto. En 2014 la obra acumulaba ya un retraso de un año, pues se esperaba que diera servicio en 2015 a empresas como la ensambladora de la automotriz alemana Audi, que estaba siendo construida en San José Chiapa. Por su parte, la constructora española Bonatti SPA, responsable de la obra, no avanzaba de acuerdo a lo programado.
En Semana Santa de 2014, el gobierno poblano decidió imponerse por la vía de los hechos en las comunidades que resistían. Descargaron los tubos de acero que serían enterrados a lo largo de casi 160 kilómetros, desde Tlaxco, Tlaxcala, hasta Huesca, Morelos. También apostaron maquinaria pesada.
Las amenazas y compras hostiles de tierras escalaron a la criminalización de los opositores.
El 6 de abril de 2014, más de diez patrullas de la policía estatal llegaron a medianoche a San Juan Amecac en busca del presidente de bienes comunales Avelino Velázquez, pero no lo encontraron.
El 7 de abril fue detenida Enedina Rosas Vélez.
Al día siguiente capturaron a Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDAT-MPT), cuando acudió a la Comisión estatal de Derechos Humanos a denunciar el arresto de Enedina.
La intimidación llegó hasta el sector académico. Ricardo Pérez Avilés, del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, señaló que el gasoducto no reportaría beneficios a la población local y sí incrementaría los riesgos ante una eventual erupción volcánica (incluso cruzaba rutas de evacuación de los poblados). Poco después, la policía irrumpió en su domicilio.
Ejercicio porfirista del poder
La escalada represiva iba de la mano de la propaganda. El gobierno de Moreno Valle alardeaba de que la CFE ya había adquirido el 93% de los terrenos que necesitaba.
“Algunos terrenos fueron comprados por centavos; otros fueron arrebatados con sobornos o amenazas. Pero no obtuvieron la anuencia de los pueblos, ni de las asambleas ejidales o comunales”, afirmó Mario Vélez, líder estatal del Frente Nacional de Pueblos y Organizaciones en Lucha y dirigente de la Unión Campesina Democrática.
En varias localidades, la CFE allanó el camino mediante asambleas ilegales, certificados de propiedad apócrifos, corrupción e intimidación. Fijó el precio de las tierras -sin un avalúo comercial- entre $80 y $180 pesos el metro cuadrado.
Vélez ejemplifica: en San Juan Tulcingo, Tochimilco, de 180 ejidatarios sólo votaron 21 y la autoridad legitimó el acta de asamblea. En Atzitzihuacan, al agente municipal Santiago Marín lo amenazaron con retenerle el presupuesto anual. En Acohuecan también hubo irregularidades.
El secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, quien insistía en llamar “delincuentes” a Enedina y los otros detenidos, advirtió el 21 de mayo de 2014 que en los terrenos donde los ejidatarios o comuneros no autorizaran el paso del gasoducto “se cavará la tubería a seis metros de profundidad, porque ellos no son dueños del subsuelo”.
Estructura institucional de la represión
El supuesto hurto del celular fue clasificado por el juez como “robo agravado”, para mantener a Enedina en prisión, aunque la única “prueba” fuera lo dicho por el acusador de Bonatti SPA, que nunca ratificó su denuncia.
Lucina, la hija de Enedina, recuerda: “El día del supuesto robo, llegaron al ejido las máquinas. Metieron los tractores y algunos empleados empezaron a hacer sus mediciones. El pueblo se juntó y fue a exigirles que se retiraran. Mi mamá ese día tenía bronquitis. Llegó a los terrenos pero se retiró pronto, porque se puso mal. José Alí Reyes Méndez, representante legal de la constructora, empezó a tomar fotografías de la gente con sus celulares. La gente del pueblo se lo impidió. Eso fue todo.
“El 7 de abril, como cada primer lunes de mes, mi mamá fue a una reunión de ejidos a San José Teruel, Izúcar de Matamoros. Ahí se presentó ese señor Reyes, quien le exigió que le devolviera sus celulares. Mi mamá no sabía ni de qué le estaba hablando. Pero fue una forma de ponerle el dedo, porque ahí ya estaban las patrullas esperando. Cuando Enedina se retiraba fue detenida. Incluso un periódico local llegó a decir que se trata de una presa de alta peligrosidad”.
En prisión, su salud se deterioró. El 11 de septiembre le diagnosticaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y, como el Cereso de Atlixco no cuenta con lo necesario para su atención, un juez autorizó el arraigo domiciliario pese a la reticencia gubernamental. El 2 de octubre de 2014, Enedina pudo volver a su casa, para continuar ahí su condena.
El 25 de marzo de 2015 un juez dictó auto de formal libertad. Nadie habló de resarcir daños ni mucho menos de castigar a quienes la encarcelaron injustamente.
A detalle:
-“Enedina Rosas Vélez, presa por defender la voluntad del pueblo de rechazar gasoducto”, La Jornada, 27 mayo 2014: ver
-“Activistas tras la rejas, los diez rostros de los presos políticos del año”, Sinembargo, 27 dic 2014: ver
-“Opositores de gasoducto viven pesadilla tras detenciones”, e-consulta, 4 nov 2014: ver
-“Acoso y cárcel a 44 opositores marcan a sexenio en Puebla”, e-consulta, 3 nov 2014: ver