El oficio más peligroso de México: el periodismo crítico

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4 ago 2015.- El precario ejercicio de la libertad de expresión en México está dando pasos agigantados, hacia atrás. La escalada de agresiones a los periodistas es un indicador contundente. No se trata de todos los periodistas, solamente aquellos que ejercen el oficio de manera independiente y crítica. Esos están en el blanco de los ataques, que suelen quedar impunes. El último episodio es el asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa.

Días antes de morir, Rubén explicó que había salido de Xalapa, Veracruz, para autoexiliarse en la ciudad de México tras reiteradas acciones amenazantes e intimidatorias que vivió a unos pasos de su hogar. [Entrevista en Rompeviento.] Estaba muy reciente el episodio en que un grupo de individuos encapuchados y con chalecos tácticos irrumpió en una fiesta de estudiantes activistas de la Universidad Veracruzana para golpear con saña a los presentes y, enmedio de amenazas, llevarse los teléfonos celulares y las computadoras. Varios estudiantes debieron ser hospitalizados, con heridas graves en el cráneo y en el rostro.

La precaución de Rubén Espinosa no era gratuita. Veracruz es el estado más letal para los periodistas. Entre los años 2000 y 2014 fueron asesinados 16 periodistas, pero once de ellos fueron ultimados en el gobierno de Javier Duarte, el gobernador que en un discurso se mostró persuasivo al advertir a los medios de comunicación: “Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos”, infiriendo vínculos con el crimen organizado y posibles ajusticiamientos por la disputa de plazas entre grupos delincuenciales. Esta declaración fue calificada como una amenaza por integrantes del gremio y un aviso de que se criminalizaría a los muertos.

Pocos días después de este discurso, fue encontrado sin vida Juan Mendoza, director del portal de noticias Escribiendo la Verdad. Su cuerpo fue encontrado con múltiples golpes a la orilla de la carretera federal que comunica Santa Fe con Sanjulián. Sin mayor averiguación de qué hacía en el kilómetro 5 de esa carretera, las autoridades lo declararon “muerto por atropellamiento”. Mendoza se había relacionado con el gremio periodístico por dos décadas, pero salvo cinco excepciones, sus colegas prefirieron no asistir al sepelio. Por lo visto, atendieron a pie juntillas el mensaje de Duarte.

En Quintana Roo, el gobernador Roberto Borge no sólo mantuvo nueve meses en prisión a Pedro Canché, corresponsal de la revista Proceso que terminó siendo liberado por falta de pruebas, sino que se niega a ofrecer una disculpa pública y reparar el daño causado.

En Guanajuato, la violenta golpiza a Karla Silva Guerrero en la propia redacción de El Heraldo de León, en Silao, no derivó en sanciones penales. A pesar de que los agresores fueron detenidos y declararon actuar por instrucciones del “señor alcalde”, quien ya le había advertido a la reportera: “Bájale de huevos a tus notas”, el Poder Judicial del estado dejó en libertad a los autores materiales tras pagar una fianza de $2,559 pesos ($170 dólares) y consideró innecesario investigar a la autoridad local.

La organización Articulo 19 elaboró el informe “Estado de censura”, donde documentó 326 ataques contra periodistas y medios de comunicación a lo largo de 2014. El desglose es atroz: un periodista mexicano fue agredido cada 26 horas (con Calderón el promedio fue de un ataque cada 48 horas); 56% de los agresores fueron funcionarios de gobierno; predominaron las agresiones físicas o materiales (43% del total); los ataques de género fueron una constante contra comunicadoras y mujeres que documentan protestas sociales.

El título del documento se ajusta a la realidad que vive México. Las condiciones de riesgo para los periodistas se han extendido e intensificado. Ya no se trata sólo de los corresponsales de guerra o de reporteros que cubren temas relacionados al crimen organizado o al narcotráfico. Ahora se ha desatado la violencia institucional contra quienes cubren protestas sociales y hasta procesos electorales.

A este respecto, la organización Propuesta Cívica ha evaluado las condiciones para ejercer el periodismo durante los procesos electorales en México y los ha clasificado como “cobertura de riesgo”, por el alto volumen de ataques a periodistas, con un 26% de ellos efectuados en forma premeditada. El mayor problema, señala esta organización, es la impunidad que cobija a los agresores.

Por otro lado, cuando las autoridades intervienen ante amenazas a periodistas, el mecanismo de protección que suelen aplicar consiste en confinar a la persona “para que esté segura”, lo cual le impide ejercer su oficio profesional, es decir, contribuye a silenciarla.

Cada día son más limitadas las garantías para el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Y ante los ataques a este derecho no hay una investigación adecuada, ni sanciones ejemplares, ni -lo más grave- mecanismos que garanticen que la agresión no se repetirá.

El control financiero y político de muchos medios regionales y nacionales propicia que éstos actúen con cautela o enmudezcan ante los ataques a la prensa. Pero incluso en los que se resisten a ser controlados, hay articulistas que si bien repudian los atentados contra la libertad de expresión siguen considerando como la principal amenaza al crimen organizado y en segundo plano “la incompetencia y la arbitrariedad de los gobiernos locales”.

Los reportes de Artículo 19 y Propuesta Cívica indican que la situación se ha invertido: hoy, la mayor amenaza es de carácter institucional. Esto entraña un riesgo social altísimo. Permitir que silencien a los periodistas implica tolerar que la sociedad se hunda en la oscuridad.

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